El cantón de Caloto, ubicado en el valle geográfico del río Cauca, pertenecía a la provincia de Popayán¹. Se dividía en siete distritos parroquiales: Toribio, Jambaló, Gelima, Celandia, Caldono, Quilichao y Caloto, siendo esta última su capital administrativa. Cada parroquia contaba con unidades administrativas más pequeñas, como viceparroquias, partidos y sitios. En el cantón había grandes haciendas ganaderas, propiedad de importantes e influyentes familias blancas de Popayán, quienes también eran dueñas de minas de oro en el Chocó y Buenaventura. Las haciendas y las minas eran sus principales fuentes económicas, para las cuales utilizaban mayoritariamente mano de obra esclavizada proveniente de África y sus descendientes. Para otros oficios en las haciendas, se apelaba a mano de obra libre compuesta por mestizos y blancos pobres.

Germán Colmenares y José Escorcia señalan que, debido a la enorme extensión de estas haciendas, los propietarios no lograban su total aprovechamiento. Por el contrario, se limitaban a utilizar apenas unas pequeñas porciones de tierra, procurando que fueran las más fértiles y productivas². Éstas eran roturadas por los esclavizados o agregados de las haciendas para destinarlas a cultivos agrícolas, mientras que la otra parte se utilizaba para la cría de ganado. José Escorcia denomina a esta configuración “área de producción efectiva”³.

Las zonas no utilizadas — denominadas “áreas de reserva” y que, en general, solían ser las partes más boscosas, empantanadas y alejadas del área productiva de la hacienda — se convirtieron en «tierras de nadie». Estos lugares empezaron a ser ocupados por esclavizados cimarrones (fugitivos), manumitidos (personas negras libres legalmente), mestizos y blancos pobres desde finales del siglo XVIII; personas que necesitaban de una mínima porción de tierra para subsistir.

En gran medida, el asentamiento de estas personas en las «tierras de nadie», permitió la conformación de un campesinado con características multiétnicas, que sobrevivía a partir de la agricultura para el autoconsumo y el comercio. Este grupo de personas obtenía ingresos económicos principalmente del tabaco y del aguardiente producido en trapiches artesanales, así como de la venta de carne de vaca. Sin embargo, estos productos se comerciaban de forma ilegal, toda vez que lo hacían sin el permiso de las autoridades del cantón y no pagaban los impuestos que sobre estos existían. Adicionalmente, la venta de carne se hacía a partir del abigeato, es decir, el robo de ganado que pertenecía a los hacendados⁴.

Debido a que estas personas se asentaban con frecuencia en lugares bastante alejados y de difícil acceso, las autoridades casi nunca lograron ejercer un control efectivo sobre sus prácticas económicas y formas de vida. Por estas razones, la población campesina se convirtió en objeto de molestia tanto para los hacendados como para las autoridades políticas y religiosas⁵.

La población campesina de la zona creció a partir de las guerras de independencia debido a la llegada de personas esclavizadas fugitivas durante el caos provocado por las guerras. Los esclavizados se mantuvieron activos en la búsqueda de su autonomía, entendida no solamente como la libertad legal, sino también como la posibilidad de trabajar libremente; es decir, para sí mismos dentro de su propio espacio y a sus ritmos. Por eso, cada vez que eran convocados por los líderes caudillistas para engrosar sus filas e ir a la guerra bajo la promesa de la libertad, ellos solían acudir, sin importar los fuertes castigos que pudieran recibir si perdían en la batalla y volvían a ser entregados a sus amos.

Así ocurrió durante la Guerra de Los Supremos, una de las primeras guerras civiles de la Nueva Granada (Colombia), ocurrida entre 1839 y 1842; donde el general José María Obando, máximo líder de las fuerzas rebeldes, logró reunir una gran cantidad de hombres provenientes de los sectores populares de las provincias del Sur, entre ellos los esclavizados de las haciendas de Caloto, para enfrentarse al gobierno de los ministeriales⁶. José María Obando convocó a los esclavizados prometiéndoles la libertad si se unían a su ejército, así como la libertad para producir y comercializar aguardiente⁷.

No obstante, en el mes de mayo de 1841, José María Obando fue derrotado por el ejército del Gobierno y fue obligado a exiliarse en el Perú. Muchos de sus seguidores fueron capturados y asesinados, mientras que otros lograron escapar replegándose hacia los montes. Allí se mantuvieron escondidos por varios meses, cometiendo de vez en cuando asaltos en los caminos y pequeños robos en las haciendas. Por supuesto, la promesa de libertad para los esclavizados quedó desvanecida —al menos en términos legales— pues muchos de los que habían escapado de las haciendas continuaron con una libertad de facto, viviendo de forma clandestina en los bosques⁸.

Posterior a la Guerra de los Supremos, el Gobierno creó y puso en práctica medidas represivas para castigar a quienes habían estado a favor de José María Obando durante la guerra. Como la participación de la población negra había sido tan visible, la élite blanca temió el inicio de una guerra de castas y sostuvo que el conflicto había ocurrido por el aumento de negros libres, no solamente cimarrones, sino aquellos que habían empezado a acceder a la libertad legal gracias a la Ley de vientres de 1821⁹. Por ello, le exigieron al gobierno modificarla, aplazando por siete años más la entrega del certificado de libertad. Esto significaba que ya no serían libres a los dieciocho años, sino a los veinticinco. Quienes exigían estas modificaciones consideraban que a los esclavizados se les debía enseñar un oficio antes de entregarles la libertad, pues de lo contrario, “no sabrían qué hacer” y se “dedicarían a la vagancia y al crimen,” tal como había quedado «demostrado» en la Guerra de Los Supremos¹⁰.

Ante esta petición, el gobierno promulgó la Ley de aprendizaje de 1842, mediante la cual creó la figura del concertaje, que obligaba a los futuros beneficiarios de la Ley de vientres a permanecer bajo la autoridad del amo de sus madres, o de otra persona que se hiciera responsable. El concertaje duraría siete años, tiempo durante el cual se les enseñaría un oficio y trabajarían para un patrón¹¹.

Igualmente, las élites blancas y esclavistas pedían la creación e implementación de nuevas medidas de control para poner fin a las prácticas de contrabando llevadas a cabo por las personas que habitaban en los bosques del cantón. Por ejemplo, pedían crear una fuerza de gendarmería para vigilar los caminos y lugares por donde sospechaban se comerciaba ilegalmente el tabaco¹². Su objetivo era insertarlos en la sociedad como trabajadores de las haciendas, restándoles, por supuesto, la autonomía de la cual gozaban en aquellos lugares.

Bajo tal escenario, en abril de 1843, un grupo de campesinos, liderados por el artesano José Antonio Tascón y dos ex guerrilleros de José María Obando (Bernabé Tascón y Cayetano Tello), organizaron una revuelta armada contra el gobierno, atacando las propiedades de las familias poderosas e influyentes de la región.¹³ La revuelta se planeó por espacio de tres meses; tiempo que dedicaron a la selección de las estrategias y los blancos de ataque, el reclutamiento de más hombres – tanto de las haciendas como de aquellos que vivían en los bosques – y la definición de la ruta a seguir para atacar al gobierno de Bogotá.

La revuelta comenzó el 11 de abril de 1843, día en que atacaron a cuatro hombres de la Guardia Nacional y a un viajero en el sitio de Quebrada Seca. Posteriormente, realizaron varios asaltos a las haciendas Japio, Arrobleda, Potrerillos, Güengüé, Pílamo y Perodias. De ellas sacaron objetos de cocina, ropa, cobijas, armas, bestias, entre otros objetos útiles para sostenerse en medio de la revuelta. Asimismo, atacaron a los administradores — sin causarles la muerte — y destruyeron parte de las casas de las haciendas, para entrar y saquearlas¹⁴.

Finalmente, el 21 de abril se enfrentaron con la Guardia Nacional en el sitio denominado El Fraile. Allí fueron derrotados, pues la Guardia contaba con una mayor cantidad de hombres y armas, a las cuales el grupo de rebeldes no pudo hacerle frente. El cuerpo armado del Gobierno estaba compuesto por tropas enviadas desde Palmira (ochenta hombres), Buenaventura (veinticinco hombres) y por el batallón de primera línea de Popayán (treinta hombres)¹⁵. En el ataque murieron varios rebeldes, capturaron a treinta y cinco, entre ellos a dos de sus líderes, y otros cuantos lograron huir y regresar a sus escondites en los bosques.

Posterior a la captura de los rebeldes, a cada uno se le inició un proceso judicial por sedición/rebelión. Los jueces tuvieron en cuenta los delitos de hurto, los asesinatos en Quebrada Seca, el enfrentamiento en el sitio del Fraile y la incitación a la fuga de los esclavos de las haciendas, hechos que alteraron el orden público en la zona. Se definió la revuelta como un levantamiento en armas contra el gobierno. En cada proceso judicial se valoró el grado de participación de los capturados, y de acuerdo con ello se los sentenció. La participación se dividió entre los autores principales de la revuelta, los cómplices, los auxiliadores y los aprehendidos por hallarse en el lugar de los hechos y por sospecha.

En la siguiente tabla se recogen los actores y las sentencias que se dictaron a los treinta y cinco reos involucrados en la revuelta y perseguidos por el delito de rebelión. Cabe mencionar que a la causa general de sedición se le sumaron otros delitos, como hurtos y asesinatos que agravaron las penalidades. Asimismo pueden distinguirse algunos recursos a los que acudieron varios reos para rebajar las penas a las que fueron sentenciados.

Finalmente, cabe destacar que esta revuelta no fue un hecho aislado dentro de la región Cauca durante el siglo XIX. La Guerra de Los Supremos fue el principal antecedente para que este grupo de hombres se organizara y continuara manifestándose en contra de las medidas represivas contra la autonomía de la población campesina. Posteriormente a la revuelta de abril de 1843, los que lograron escapar hacia los bosques continuaron asaltando a los viajeros que encontraban en los caminos, robando el ganado de las haciendas y vendiendo clandestinamente el tabaco y aguardiente que producían. En general, esta población se mantuvo activa y atenta a aprovechar cualquier oportunidad que les presentara para mejorar sus condiciones de vida. Este tipo de acciones llevados a cabo por los sectores populares fue significativo para la creación de nuevos derechos en su favor. Así ocurrió a mitad de siglo con las reformas liberales, en el que gracias a la negociación entre la población negra y los líderes liberales se permitió el libre comercio del tabaco, se amplió el concepto de ciudadanía — dando apertura a la participación política de las personas negras — y, lo más importante, se promulgó la Ley del 21 de mayo de 1851 con la cual se abolió la esclavitud en todo el país¹⁶.

Referencias Bibliográficas

Archivo Central del Cauca (ACC), Fondo República, sección Judicial Criminal, signatura 15980.

El Payanés, No 8. 20 de abril de 1843.

El Payanés, No. 9. 21 de abril de 1843.

El Payanés, No. 10. 04 de mayo de 1843.

Colmenares, Germán. 1975. Cali: terratenientes, mineros y comerciantes. Cali: Universidad del Valle.

Díaz Casas, María Camila. 2015. Salteadores y cuadrillas de malhechores. Una aproximación a la acción colectiva de la ‘población negra’ en el suroccidente de la Nueva Granada, 1840-1851. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Escorcia, José. 1982. “Haciendas y estructura agraria en el Valle del Cauca, 1810-1850”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 10: 119-138.

Mejía Prado, Eduardo. 1993. Origen del campesino vallecaucano. Siglo XVIII y siglo XIX. Cali: Universidad del Valle.

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