A partir de 2023, los Estados Unidos de América “reconocen” la existencia de 574 comunidades indígenas en los 48 estados contiguos y Alaska. Sin embargo, muchas otras comunidades no están reconocidas a nivel federal, a menudo debido a circunstancias relacionadas con el despojo histórico de sus tierras ancestrales. En Estados Unidos, sólo las comunidades reconocidas a nivel federal tienen derecho a ciertos beneficios conocidos como “servicios indios”, que el gobierno estadounidense proporciona a través de organismos como la Oficina de Asuntos Indígenas y el Servicio de Salud Indígena. Estos servicios incluyen acceso a asistencia sanitaria, educación, ayuda a la vivienda y programas de desarrollo económico diseñados para apoyar a las comunidades indígenas. Las comunidades reconocidas a nivel federal también tienen derecho a repatriar objetos sagrados y los restos humanos de sus ancestros en virtud de la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos, y se les permite a sus miembros poseer plumas de águila para ceremonias religiosas. Dado que el reconocimiento federal es un requisito previo para estos y otros derechos legales, el reconocimiento es fundamental para la plena realización de los derechos indígenas en Estados Unidos.

Las comunidades indígenas reconocidas en Estados Unidos han obtenido el reconocimiento a través de diversos mecanismos legales. Históricamente, el pilar central de la “política india” de Estados Unidos han sido los tratados con las comunidades. Sin embargo, no todas las comunidades fueron reconocidas mediante tratados. En 1871, el Congreso de Estados Unidos puso fin formalmente a la elaboración de tratados, declarando que “ninguna nación o comunidad india . . . será reconocida como nación, comunidad o potencia independiente con la que Estados Unidos pueda celebrar tratados”.¹ Desde entonces, la existencia tribal se ha reconocido a través de otras autoridades ejecutivas, congresuales y judiciales. Por ejemplo, el Presidente de Estados Unidos ha reconocido a comunidades mediante decretos ejecutivos, y el Congreso de Estados Unidos ha reconocido a otras mediante legislación, como la Ley de Ayuda a los Indios de la Misión de 1891 y la Ley de Reorganización India de 1934. Otra forma de reconocimiento ha sido cuando la Oficina de Asuntos Indígenas ha tratado a una comunidad como poseedora de derechos colectivos sobre tierras o fondos. Estos fondos provienen de los ingresos generados por los recursos naturales como el petróleo, gas y madera que se encuentran en tierras tribales, así como de pagos estipulados en tratados o indemnizaciones otorgadas por la expropiación de sus tierras. Los tribunales también han extendido el reconocimiento a las comunidades en determinados casos, en particular cuando se restablecen comunidades que habían sido “terminadas” o disueltas por leyes del Congreso.

En 1994, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obligaba a la Oficina de Asuntos Indígenas a publicar una lista anual de comunidades reconocidas.² Al hacerlo, el Congreso de Estados Unidos. codificó lo que había sido una práctica establecida y determinó que las comunidades indígenas podían ser reconocidas por legislación, decisiones judiciales o a través de la acción administrativa en virtud del Código de Reglamentos Federales para el “Reconocimiento Federal de Comunidades Indígenas Americanas”.³ En 2015, la Oficina de Asuntos Indígenas dejó clara su preferencia por la acción administrativa, y el Subsecretario de Asuntos Indígenas publicó directrices políticas indicando que remitiría al proceso administrativo a todas las comunidades que solicitasen el reconocimiento.⁴

El proceso administrativo de reconocimiento, instituido originalmente en 1979 y revisado en 1994 y 2015, es criticado a menudo por ser lento, caprichoso y costoso. Los casos pueden tardar décadas en resolverse, y si una petición se deniega, no se permite la presentación de otra petición, aunque luego se disponga de pruebas adicionales. Algunas comunidades han recibido una decisión preliminar positiva a favor del reconocimiento, que luego ha sido revocada tras un cambio de gobierno.⁵ Sin embargo, el obstáculo más importante sigue siendo el coste de reunir la documentación requerida. En 2021, la Oficina de Reconocimiento Federal de la Oficina de Asuntos Indígenas estimó en 2.100.000 dólares el coste anual de preparar una petición de reconocimiento.⁶ La falta de fondos y documentación, el temor razonable a una denegación (con un 65% de todas las peticiones denegadas desde 1979) y las decisiones arbitrarias disuaden a las comunidades de seguir adelante con el proceso de petición administrativa.⁷

Deben cumplirse siete criterios para el reconocimiento federal como comunidad indígena. Una comunidad solicitante debe demostrar que (1) ha sido identificada como una entidad indígena de forma sustancialmente continua desde 1900; (2) es una comunidad diferenciada que ha existido desde 1900; (3) ha ejercido la autoridad política sobre sus miembros desde 1900; (4) tiene un documento de gobierno actual que describe su sistema de gobierno; (5) desciende de una comunidad indígena histórica identificable; (6) sus miembros no son miembros inscritos de otras comunidades indígenas reconocidas; y (7) su existencia tribal no ha sido prohibida explícitamente por el Congreso de Estados Unidos. Cada uno de estos criterios presenta desafíos únicos para las comunidades solicitantes, y la carga de la prueba recae en ellas.

En primer lugar, el criterio de “identificación” exige que las comunidades solicitantes demuestren el reconocimiento de su existencia política por parte de los gobiernos federal, estatal y local, así como de otras comunidades, organizaciones tribales y académicos. Sin embargo, a menudo se pasan por alto las estructuras políticas de una comunidad cuando se habla de cultura y lengua. Aunque los antropólogos, arqueólogos y lingüistas suelen reconocer que las personas con las que trabajan pertenecen a un grupo cultural, no siempre son capaces de identificar las estructuras políticas que rigen estas comunidades. Los Kumeyaay, por ejemplo, tienen trece gobiernos políticos distintos en diferentes reservas de California. Por lo general, los acuerdos o relaciones con los gobiernos federales, estatales y locales proporcionan evidencia más sólida para la identificación como comunidad indígena. Curiosamente, hasta el año 2015, a las comunidades solicitantes no se les permitía presentar registros tribales internos como evidencia para demostrar su existencia. Por lo tanto, las actas de reuniones, registros bancarios y documentos de constitución legal no podían utilizarse para demostrar que una comunidad existía como entidad concreta. No obstante, a pesar de estos obstáculos, el criterio de identificación generalmente se considera uno de los requisitos más fáciles de cumplir para las comunidades.

En segundo lugar, el criterio de “comunidad diferenciada” requiere que una comunidad demuestre que posee características distintivas que la diferencian de la población adyacente. La Oficina de Asuntos Indígenas considera como evidencia sólida la existencia de prácticas culturales y ceremoniales distintivas, un idioma propio y matrimonios endogámicos, sobre todo cuando se demuestra que más del 50% del grupo peticionario participa en estas actividades. Sin embargo, las décadas de asimilación forzada y los intentos por parte del gobierno de eliminar a las comunidades han generado grandes obstáculos para que estas puedan satisfacer este criterio. En estos casos, una comunidad solicitante puede satisfacer el criterio de comunidad diferenciada mediante la demostración de relaciones sociales significativas, patrones de interacción social informal o prácticas de trabajo compartido y cooperativo entre sus miembros. Una dificultad común a la que se enfrentan las comunidades es la identificación de evidencia documental que demuestre la existencia de relaciones sociales distintivas, interacciones sociales transitorias pero recurrentes o actividades compartidas de carácter efímero. A falta de documentación escrita, las comunidades recurren a historias orales y otros relatos de la comunidad. Confiar en estos recuerdos es útil y necesario, dado el fallecimiento de los ancianos de la comunidad. No obstante, existen lagunas significativas en la documentación oral y escrita correspondiente a las décadas de 1950, 1960 y 1970, período que coincide con las políticas gubernamentales encaminadas a la terminación de las relaciones federales con las comunidades. Las comunidades solicitantes suelen enfrentar dificultades para demostrar la existencia comunitaria durante el período de treinta años requerido según el criterio de comunidad diferenciada.

En tercer lugar, el criterio de “autoridad política” requiere que las comunidades demuestren que han mantenido autoridad política sobre sus miembros desde 1900 hasta el momento de la petición. Este criterio resulta especialmente complejo debido a los numerosos cambios que las comunidades han experimentado desde 1900, tanto por su propia evolución social como por la influencia de las políticas impuestas por la Oficina de Asuntos Indígenas. Además, este periodo vio la imposición de políticas de terminación por parte del Congreso de Estados Unidos y modificaciones en la configuración de las entidades corporativas y sin ánimo de lucro según la legislación estadounidense. En este marco histórico, resulta extremadamente complejo evidenciar la continuidad política en el liderazgo tribal. El éxito de peticiones como la de la Comunidad Pamunkey en 2016 se ha atribuido en gran medida a la demostración de una gobernanza ininterrumpida sobre tierras otorgadas bajo la ley británica antes de la fundación de Estados Unidos en 1789. Sin embargo, la mayoría de las comunidades carecen de registros históricos tan claros. En su ausencia, buscan evidenciar esfuerzos por parte de los líderes tribales para ejercer influencia sobre el comportamiento de miembros individuales o demostrar instancias de liderazgo comunitario indiscutible. No obstante, la búsqueda de pruebas documentales sólidas que acrediten la autoridad política sigue siendo una tarea ardua para las comunidades tribales, particularmente en aquellos casos donde el liderazgo informal y el respeto hacia el conocimiento de los ancianos de las comunidades no han sido documentados.

En cuarto lugar, la comunidad solicitante debe demostrar que tiene un documento de gobierno vigente. Según la Ley de Reorganización India de 1934, las comunidades participantes deben votar sobre una constitución tribal, que luego debe ser aprobada por el Secretario del Interior de los Estados Unidos. El actual proceso administrativo de reconocimiento mantiene este enfoque, exigiendo a las comunidades que presenten el documento que sustenta su autogobierno. Este criterio es el más sencillo de cumplir para todas las comunidades. Si bien algunas peticiones de reconocimiento se han denegado, en parte, debido a la no presentación de un documento de gobierno, la mayoría de las comunidades no reconocidas cuentan con dichos documentos y los aplican de manera activa.

En quinto lugar, la comunidad solicitante debe demostrar que sus miembros descienden de una comunidad histórica. A diferencia de los demás criterios, que exigen a una comunidad presentar pruebas posteriores a 1900, este criterio obliga a las comunidades a establecer un vínculo genealógico con una comunidad que figuraba en alguna de las listas de membresía tribal elaboradas por la Oficina de Asuntos Indígenas durante los siglos XIX y principios del XX. En ausencia de una “lista base”, la comunidad solicitante debe reconstruirla utilizando otros registros, como los de fuentes federales, estatales, religiosas o antropológicas. Si bien estos registros pueden servir como evidencia para una lista reconstruida, no pueden tratarse como la lista base en sí. Este criterio ha sido fuente de considerable polémica porque, aunque la Oficina de Asuntos Indígenas a menudo registraba a los individuos indígenas y sus afiliaciones tribales, no todas las comunidades aparecen en los censos oficiales de la Oficina de Asuntos Indígenas. Como resultado, las comunidades solicitantes a menudo tienen que juntar evidencia fragmentaria de varias fuentes para reconstruir una lista base y probar su linaje. En el caso de los pueblos indígenas cuyos antepasados fueron sujetos a la colonización española, la Oficina de Asuntos Indígenas ha solicitado evidencia de descendencia de comunidades afiliadas al sistema de misiones español.

En sexto lugar, la comunidad solicitante debe demostrar que sus miembros no están ya inscritos en otra comunidad reconocida a nivel federal, ya que no se permite la inscripción doble. Sin embargo, los matrimonios mixtos entre miembros de distintas comunidades, tanto reconocidas como no reconocidas, son muy comunes. Esto ha dado lugar a situaciones en las que algunas personas, a pesar de sentirse culturalmente vinculadas o ligadas por lazos familiares a una comunidad no reconocida, acaban eligiendo inscribirse en una comunidad reconocida para recibir beneficios federales. Estos incentivos generan tensiones dentro de las comunidades no reconocidas, ya que las familias con lazos culturales o familiares más fuertes pueden no poder inscribirse o participar en el gobierno tribal si están ya inscritas en otra comunidad. Como resultado, muchas comunidades no reconocidas alientan a sus miembros más activos a retrasar la inscripción en comunidades reconocidas con la esperanza de poder obtener el reconocimiento federal en el futuro.

Por último, una comunidad debe demostrar que el Congreso no ha prohibido explícitamente una relación federal con ella. En la década de 1950, una política nacional conocida como “terminación” buscó desmantelar las comunidades y sus reservas. Bajo esta política, las reservas se dividieron entre los miembros tribales y se privatizaron, poniendo fin a la relación única que había existido entre las comunidades y el gobierno estadounidense. Muchas comunidades fueron objeto de terminación y el Congreso de Estados Unidos promulgó una legislación especial para disolver su estatus legal. Aunque el gobierno federal había rechazado oficialmente la política de terminación a finales de la década de 1960, todavía existía legislación especial en estados como California y Oregón, entre otros. Aunque algunas de estas leyes se han derogado y la “política india” se ha alejado firmemente de la terminación, la Oficina de Asuntos Indígenas continúa invocando ciertas disposiciones legales ambiguas y de aplicación desigual como impedimento para el reconocimiento tribal, otorgando una amplia discrecionalidad a la agencia en la interpretación de este criterio.

Al tener estas dificultades tan integradas en los criterios de reconocimiento, se le acusa al proceso administrativo de ser una forma de “genocidio burocrático”. Aquellas comunidades que han logrado preservar y mantener registros históricos detallados cuentan con una ligera ventaja en el proceso de reconocimiento, a pesar de todos los factores en su contra. Sin embargo, para la mayoría de las comunidades, el proceso de reconocimiento comienza con la ardua tarea de construir un archivo tribal desde cero, lo que implica una exhaustiva búsqueda de documentos históricos, actas de reuniones (en la medida en que tuvieran lugar y quedaran registradas) y cualquier evidencia que pueda respaldar su solicitud.

Sin la documentación adecuada, una comunidad puede dejar de existir a los ojos del gobierno de Estados Unidos. A pesar de los obstáculos, las comunidades siguen buscando el reconocimiento federal porque este reconocimiento es esencial para ser entendidas como una comunidad “legítima” en Estados Unidos. El tiempo y el esfuerzo necesarios hacen que la lucha por el reconocimiento sea multigeneracional. Se siente un dolor profundo cuando un anciano fallece sin que su comunidad haya obtenido el reconocimiento, dejando a sus hijos y nietos a continuar la lucha. Para muchas comunidades, el reconocimiento es el único camino para evitar el borrado histórico.

Referencias

“25 CFR Part 83 - Procedures for Federal Acknowledgment of Indian Tribes”. eCFR. Consultado el 28 de mayo de 2024. https://www.ecfr.gov/current/title-25/chapter-I/subchapter-F/part-83.

“25 U.S. Code § 71 - Future Treaties with Indian Tribes”. Legal Information Institute, Cornell Law School. Consultado el 28 de mayo de 2024. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/25/71#:~:text=No%20Indian%20nation%20or%20tribe,prior%20to%20March%203%2C%201871%2C.

“25 U.S. Code § 5130 - Definitions”. Legal Information Institute, Cornell Law School. Consultado el 28 de mayo de 2024. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/25/5130.

“Final Determination Against Federal Acknowledgment of the Little Shell Tribe of Chippewa Indians of Montana”. Federal Register. Última modificación el 3 de noviembre de 2009. https://www.federalregister.gov/documents/2009/11/03/E9-26373/final-determination-against-federal-acknowledgment-of-the-little-shell-tribe-of-chippewa-indians-of.

“Notice of Final Rule: Procedures for Federal Acknowledgment of Indian Tribes.” Federal Register. 6 de mayo de 2020. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-06/pdf/2020-09100.pdf.

“Petitions Resolved: Denied”. Office of Federal Acknowledgment, Bureau of Indian Affairs. Consultado el 28 de mayo de 2024. https://www.bia.gov/as-ia/ofa/petitions-resolved/denied.

Procedures for Federal Acknowledgment of Indian Tribes, 25 C.F.R § 83.11 (2015).

“Proposed Finding for Federal Acknowledgment of the Little Shell Tribe of Chippewa Indians of Montana”. Federal Register. Última modificación el 21 de julio de 2000. https://www.federalregister.gov/documents/2000/07/21/00-18490/proposed-finding-for-federal-acknowledgment-of-the-little-shell-tribe-of-chippewa-indians-of-montana.

“Requests for Administrative Acknowledgment of Federal Indian Tribes”. Federal Register. Última modificación el 1 de julio de 2015. https://www.federalregister.gov/documents/2015/07/01/2015-16194/requests-for-administrative-acknowledgment-of-federal-indian-tribes.

Para lectura adicional:

Klopotek, Brian. Recognition Odysseys: Indigeneity, Race, and Federal Tribal Recognition Policy in Three Louisiana Indian Communities. Durham, NC: Duke University Press, 2011.

Meyers, Mark D. “Federal Recognition of Indian Tribes in the United States”. Stanford Law and Policy Review 12, núm. 2 (2000): 271–300.

Miller, Bruce G. Invisible Indigenes: The Politics of Nonrecognition. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2004.

Miller, Mark E. Forgotten Tribes: Unacknowledged Indians and the Federal Acknowledgment Process. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2004.

Em 2023, os Estados Unidos da América “reconhecem” a existência de 574 tribos nativas americanas e nativas do Alaska no país. No entanto, existem muitas mais tribos que não estão reconhecidas em nível federal, frequentemente devido a circunstâncias relacionadas com a desapropriação histórica de suas terras ancestrais. Nos Estados Unidos, somente as tribos reconhecidas pelo governo federal podem ter acesso a benefícios específicos conhecidos como “serviços indígenas”, que o Governo estadunidense proporciona por meio de órgãos como o Escritório de Assuntos Indígenas e o Serviço de Saúde Indígena. Esses serviços incluem o acesso à assistência sanitária, à educação, aos benefícios de moradia e aos programas de desenvolvimento econômico projetados para apoiar as comunidades indígenas. As tribos reconhecidas pelo governo federal também têm direito a repatriar seus antepassados e objetos sagrados em virtude da lei de Proteção e Repatriação de Tumbas Indígenas Americanas, e seus membros podem possuir penas de águias para cerimônias religiosas. Dado que o reconhecimento federal é um requisito prévio para esses e outros direitos legais, o reconhecimento é fundamental para a plena realização dos direitos indígenas nos Estados Unidos.

As tribos nativas americanas obtiveram o reconhecimento por meio de diversos mecanismos legais. Historicamente, a pedra angular da política indígena dos Estados Unidos foram as relações com as tribos mediante tratados. No entanto, nem todas as tribos receberam o reconhecimento por meio de tratados. Em 1871, o congresso dos Estados Unidos pôs fim oficialmente à assinatura de tratados, declarando que “nenhuma nação ou tribo indígenas […] será reconhecida como nação, tribo ou potência independente com a qual os Estados Unidos possam celebrar tratados"¹. Desde então, outras autoridades executivas, legislativas e judiciais reconheceram a existência das tribos. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos reconheceu tribos mediante ordens executivas, e o congresso dos Estados Unidos as reconheceu por meio de leis, como a Lei de Ajuda aos Indígenas das Missões de 1891 e a Lei de Reorganização Indígena de 1934. Outras formas de reconhecimento vieram através do Escritório de Assuntos Indígenas, que trata as tribos como se tivessem direitos coletivos sobre terras ou fundos. Esses fundos geralmente provêm de recursos como petróleo, gás ou madeira das terras tribais, pagamentos de tratados ou indenizações concedidas às tribos como compensação por terras que lhes foram indevidamente tomadas. Os tribunais também ampliaram o reconhecimento às tribos em certos casos, particularmente quando se trata de restaurar tribos que haviam sido dissolvidas por atos do Congresso.

Em 1994, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que obrigava o Escritório de Assuntos Indígenas a publicar uma lista anual de tribos reconhecidas². Ao fazê-lo, o Congresso dos Estados Unidos institucionalizou o que havia sido uma prática estabelecida e determinou que as tribos nativas americanas podiam ser reconhecidas pela legislação estadunidense, pelas decisões judiciais ou mediante ações administrativas em virtude do Código de Regulamentações Federais para o “Reconhecimento Federal das Tribos Indígenas Americanas³”. Em 2015, o Escritório de Assuntos Indígenas deixou clara sua preferência pela ação administrativa, e o subsecretário de Assuntos Indígenas publicou uma diretriz política na qual indicava que remeteria todas as tribos que solicitassem o reconhecimento ao processo administrativo⁴.

O processo administrativo para o reconhecimento, instituído originalmente em 1979 e revisado em 1994 e 2015, é frequentemente criticado por ser lento, arbitrário e custoso. Os casos podem levar décadas para serem resolvidos e, se uma petição é negada, não existe nenhuma disposição que permita apresentar uma nova petição caso se obtenham provas adicionais. Algumas tribos receberam uma resolução preliminar positiva a favor do reconhecimento, mas esta foi revogada após uma mudança na administração⁵. No entanto, o obstáculo mais importante continua sendo o custo de completar a documentação necessária. Em 2021, o Escritório de Reconhecimento Federal do Escritório de Assuntos Indígenas estimou que o custo anual de preparar uma petição de reconhecimento era de 2.100.000 dólares⁶. A falta de fundos, a falta de documentos, o temor razoável de fracassar (65% de todas as petições foram negadas desde 1979) e as decisões arbitrárias desestimulam as tribos a seguir adiante com o processo de petição administrativa⁷.

Para obter o reconhecimento federal como tribo indígena, devem ser cumpridos sete critérios. A tribo solicitante deve demonstrar que: (1) foi identificada como entidade indígena americana de forma substancialmente contínua desde 1900; (2) é uma comunidade distinta que existe desde 1900; (3) exerceu autoridade política sobre seus membros desde 1900; (4) tem um documento de governo vigente que descreve seu sistema de governo; (5) descende de uma tribo indígena histórica identificável; (6) seus membros não estão inscritos em outras tribos indígenas; e (7) sua existência tribal não foi proibida explicitamente pelo Congresso dos Estados Unidos. Cada um desses critérios apresenta desafios únicos para as tribos nativas americanas solicitantes, e o ônus da prova recai sobre a tribo.

Em primeiro lugar, o critério de “identificação” exige que as tribos solicitantes demonstrem o reconhecimento de sua existência política por parte dos governos federal, estadual e local, assim como de outras tribos, organizações tribais e acadêmicos. No entanto, frequentemente são ignoradas as estruturas políticas de uma tribo quando se fala de cultura e língua. Embora os antropólogos, arqueólogos e linguistas costumem reconhecer que as pessoas com as quais trabalham pertencem a um grupo cultural, nem sempre são capazes de identificar as estruturas políticas que governam essas comunidades. Os kumeyaay, por exemplo, têm treze governos políticos distintos em diferentes reservas da Califórnia. Geralmente, os acordos ou as relações com os governos federal, estadual e local fornecem provas mais sólidas para a identificação como tribo indígena. Curiosamente, até 2015, as tribos solicitantes não podiam apresentar registros tribais internos como prova de sua existência. Portanto, as atas de reuniões, os registros bancários e os documentos legais de constituição não podiam ser utilizados para demonstrar que uma tribo existia como entidade distinta. Não obstante, apesar dessas dificuldades, o critério de identificação é considerado geralmente um dos requisitos mais fáceis de cumprir para as tribos.

Em segundo lugar, o critério de “comunidade diferenciada” exige que uma tribo demonstre que é única em algum aspecto em relação à população ao redor. O Escritório de Assuntos Indígenas considera que entre as provas sólidas se incluem práticas culturais e cerimoniais diferenciadas, o idioma e os casamentos intratribais, especialmente quando se pode demonstrar que mais de 50% do grupo solicitante participa dessas atividades. No entanto, décadas de assimilação forçada e os esforços do governo para acabar com as tribos frequentemente dificultam que estas cumpram o requisito. Em tais casos, uma tribo solicitante pode cumprir o critério de comunidade distinta de outras maneiras, por exemplo, demonstrando que sua comunidade mantém relações sociais significativas, padrões de ação social informal ou trabalho compartilhado ou cooperativo entre seus membros. Um desafio comum que as tribos enfrentam é identificar provas documentais que possam apontar para relações sociais distintas, interações sociais transitórias, mas regulares ou atividades compartilhadas efêmeras. Na falta de documentação escrita, as tribos recorrem a histórias orais e outros relatos. Confiar nessas memórias é útil e necessário, dado o falecimento dos anciãos das tribos. Não obstante, existem importantes lacunas, tanto nos registros orais quanto nos escritos dos anos cinquenta aos setenta, que coincidem com os esforços para “terminar” a relação do governo dos Estados Unidos com as tribos. As tribos solicitantes costumam ter dificuldades para demonstrar a existência de uma comunidade durante o período de trinta anos exigido pelo critério de comunidade diferenciada.

Em terceiro lugar, o critério de “autoridade política” exige que as tribos demonstrem que mantiveram a autoridade política sobre seus membros de 1900 até o momento da petição. Esse critério é especialmente difícil devido às numerosas mudanças que as tribos atravessaram desde 1900, tanto como resultado de sua evolução social natural quanto em resposta às políticas que lhes foram impostas pelo Escritório de Assuntos Indígenas. Além disso, esse período testemunhou a imposição de políticas de rescisão por parte do Congresso dos Estados Unidos e de modificações nas organizações sem fins lucrativos e corporativas sob a lei estadunidense. Nessas circunstâncias históricas, demonstrar a continuidade política na liderança torna-se uma tarefa desanimadora. As petições de reconhecimento que obtiveram sucesso, como a da tribo indígena Pamunkey em 2016, basearam-se em grande medida na continuidade do governo sobre as propriedades concedidas à tribo em virtude da legislação britânica antes da criação dos Estados Unidos em 1789. No entanto, a maioria das tribos não conta com registros históricos tão claros. Em vez disso, tentam fornecer provas dos esforços realizados para exercer influência sobre o comportamento de membros individuais ou de casos de liderança comunitária indiscutível. Não obstante, encontrar provas documentais sólidas da autoridade política continua sendo um desafio para as comunidades tribais, especialmente quando a liderança informal e o respeito pelos conhecimentos e a experiência dos anciãos não ficaram registrados.

Em quarto lugar, a tribo solicitante deve demonstrar que dispõe de um documento de governo vigente. Em virtude da Lei de Reorganização Indígena de 1934, as tribos participantes devem votar uma constituição tribal, que posteriormente deve ser aprovada pelo Secretário do Interior dos Estados Unidos. O processo administrativo atual para o reconhecimento continua com essa abordagem, exigindo das tribos que apresentem o documento que utilizam para seu autogoverno. Esse critério é o mais simples de cumprir para todas as tribos. Embora a algumas tribos tenha sido negada sua solicitação de reconhecimento, em parte por não apresentarem um documento de governo, a maioria das tribos não reconhecidas possui tais documentos e os aplica ativamente.

Em quinto lugar, uma tribo solicitante deve demonstrar que seus membros descendem de uma tribo histórica. Diferentemente dos demais critérios, que exigem que a tribo forneça provas posteriores a 1900, esse critério implica demonstrar que os membros da tribo remontam sua ascendência a uma tribo que figura em um dos registros (ou listas) de membros tribais criados pelo Escritório de Assuntos Indígenas no século XIX e início do XX. Na ausência de tal “registro base”, a tribo solicitante deve reconstruí-lo utilizando outros registros, como os de fontes federais, estaduais, religiosas ou antropológicas. Embora esses registros possam servir como prova para um registro reconstruído, não podem ser considerados por si mesmos como um registro base. Esse critério tem sido objeto de considerável controvérsia porque, embora o Escritório de Assuntos Indígenas costumasse registrar os nativos americanos e suas afiliações tribais, nem todas as tribos aparecem nas listas oficiais do Escritório de Assuntos Indígenas. Como resultado, as tribos solicitantes frequentemente têm que reunir provas fragmentárias de diversas fontes para reconstruir uma lista e demonstrar sua linhagem. No caso dos nativos americanos cujos ancestrais foram submetidos à colonização espanhola, o Escritório de Assuntos Indígenas solicitou provas de descendência de tribos afiliadas ao sistema missionário espanhol.

Em sexto lugar, uma tribo solicitante deve demonstrar que seus membros não estão já inscritos em outra tribo reconhecida pelo governo federal, já que não se permite a dupla inscrição. No entanto, na prática, os nativos americanos costumam se casar entre tribos reconhecidas e não reconhecidas. Isso pode dar lugar a situações nas quais algumas pessoas se sintam culturalmente vinculadas ou unidas por laços familiares a uma tribo não reconhecida, mas decidam se inscrever em uma tribo reconhecida para receber benefícios federais. Esses incentivos geram tensões dentro das tribos não reconhecidas, já que as famílias com laços culturais ou familiares mais fortes podem não conseguir se inscrever ou participar do governo tribal se estiverem inscritas em outro lugar. Como resultado, muitas tribos não reconhecidas incentivam seus membros mais ativos a adiarem a inscrição em tribos reconhecidas com a esperança de que possam obter o reconhecimento federal no futuro.

Por último, uma tribo deve demonstrar que o Congresso não proibiu explicitamente a relação federal com ela. Na década de 1950, uma política nacional conhecida como “terminación” tentou desmantelar as tribos e suas reservas. Em virtude dessa política, as reservas foram divididas entre os membros das tribos e privatizadas, o que pôs fim de facto à relação federal única que havia existido entre as tribos e o governo dos Estados Unidos. Muitas tribos foram objeto da terminación, e o Congresso dos Estados Unidos promulgou uma legislação especial para dissolver seu status legal. Embora o governo federal tivesse rejeitado oficialmente a política da terminación no final da década de 1960, a legislação especial continuava vigente em estados como Califórnia e Oregon, entre outros. Embora algumas dessas leis tenham sido revogadas desde então e a política indígena tenha se afastado firmemente da terminación, o Escritório de Assuntos Indígenas continua interpretando certas leis da terminación —frequentemente redigidas de forma ambígua e aplicadas de maneira desigual— como obstáculos para o reconhecimento tribal, o que deixa este critério aberto a uma interpretação considerável.

Com esses desafios incorporados nos critérios de reconhecimento, o processo administrativo é frequentemente acusado de ser uma forma de “genocídio no papel”. As tribos que mantiveram sólidas práticas de arquivo para criar e armazenar registros tribais, apesar de todas as dificuldades, têm as coisas um pouco mais fáceis no processo de reconhecimento. No entanto, para a maioria das tribos, o primeiro passo no processo de reconhecimento consiste em criar um arquivo tribal: buscar e reunir os registros dos líderes e anciãos tribais, encontrar as atas das reuniões (na medida em que foram realizadas e registradas) e localizar qualquer vestígio de evidência que tenha sobrevivido dentro da comunidade e que possa servir como prova para cumprir os critérios de reconhecimento.

Sem a documentação adequada, uma tribo pode deixar de existir aos olhos do governo dos Estados Unidos. Apesar dos obstáculos, as tribos continuam buscando o reconhecimento federal porque esse reconhecimento é vital para serem compreendidas como tribos “reais” nos Estados Unidos. O tempo e o esforço necessários significam que a luta pelo reconhecimento é multigeracional. A dor é muito profunda quando falece um ancião da tribo e esta segue sem ser reconhecida. Seus filhos e netos frequentemente devem continuar com o esforço. Para muitas tribos, o reconhecimento é o caminho para evitar o apagamento histórico.

Referências

«25 CFR Parte 83 - Procedimientos para el reconocimiento federal de las tribus indias». eCFR. Consultado el 28 de mayo de 2024. https://www.ecfr.gov/current/title-25/chapter-I/subchapter-F/part-83.

«25 U.S. Code § 71 - Futuros tratados con tribus indígenas». Instituto de Información Jurídica, Facultad de Derecho de Cornell. Consultado el 28 de mayo de 2024. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/25/71#:~:text=No%20Indian%20nation%20or%20tribe,prior%20to%20March%203%2C%201871%2C.

«25 Código de los Estados Unidos § 5130 - Definiciones». Instituto de Información Jurídica, Facultad de Derecho de Cornell. Consultado el 28 de mayo de 2024. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/25/5130.

«Decisión definitiva contra el reconocimiento federal de la tribu Little Shell de los indios chippewa de Montana». Registro Federal. Última modificación: 3 de noviembre de 2009. https://www.federalregister.gov/documents/2009/11/03/E9-26373/final-determination-against-federal-acknowledgment-of-the-little-shell-tribe-of-chippewa-indians-of.

«Aviso de norma definitiva: Procedimientos para el reconocimiento federal de tribus indígenas». Registro Federal. 6 de mayo de 2020. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-06/pdf/2020-09100.pdf.

«Peticiones resueltas: denegadas». Oficina de Reconocimiento Federal, Oficina de Asuntos Indígenas. Consultado el 28 de mayo de 2024. https://www.bia.gov/as-ia/ofa/petitions-resolved/denied.

Procedimientos para el reconocimiento federal de las tribus indígenas, 25 C.F.R § 83.11 (2015).

«Propuesta de reconocimiento federal de la tribu Little Shell de los indios chippewa de Montana». Registro Federal. Última modificación: 21 de julio de 2000. https://www.federalregister.gov/documents/2000/07/21/00-18490/proposed-finding-for-federal-acknowledgment-of-the-little-shell-tribe-of-chippewa-indians-of-montana.

«Solicitudes de reconocimiento administrativo de tribus indias federales». Registro Federal . Última modificación: 1 de julio de 2015. https://www.federalregister.gov/documents/2015/07/01/2015-16194/requests-for-administrative-acknowledgment-of-federal-indian-tribes.

Para mais informações:

Klopotek, Brian. Recognition Odysseys: Indigeneity, Race, and Federal Tribal Recognition Policy in Three Louisiana Indian Communities. Durham, Carolina del Norte: Duke University Press, 2011.

Meyers, Mark D. «Federal Recognition of Indian Tribes in the United States» (Reconocimiento federal de las tribus indígenas en los Estados Unidos). Stanford Law and Policy Review 12, n.º 2 (2000): 271-300.

Miller, Bruce G. Indígenas invisibles: la política del no reconocimiento. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 2004.

Miller, Mark E. Tribus olvidadas: los indígenas no reconocidos y el proceso de reconocimiento federal. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 2004.

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/25/71#:~:text=No%20Indian%20nation%20or%20tribe,prior%20to%20March%203%2C%201871%2C.

de Cornell, consultado 28 de maio de 2024, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/25/5130.

maio de 2024, https://www.ecfr.gov/current/title-25/chapter-I/subchapter-F/part-83; Procedimientos para el

reconocimiento federal de las tribus indígenas, 25 C.F.R. § 83.11 (2015).

modificações em 1 de julho de 2015, https://www.federalregister.gov/documents/2015/07/01/2015-16194/requests-for-administrative-acknowledgment-of-federal-indian-tribes.

Federal, última modificação em 21 de julho de 2000, https://www.federalregister.gov/documents/2000/07/21/00-

18490/proposed-finding-for-federal-acknowledgment-of-the-little-shell-tribe-of-chippewa-indians-of-montana;

«Determinación definitiva contra el reconocimiento federal de la tribu Little Shell de los indios chippewa de

Montana”, Registro Federal, última modificação em 3 de novembro de 2009,

https://www.federalregister.gov/documents/2009/11/03/E9-26373/final-determination-against-federal-

acknowledgment-of-the-little-shell-tribe-of-chippewa-indians-of.

6 de maio de 2020, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-06/pdf/2020-09100.pdf.

em 28 de maio de 2024, https://www.bia.gov/as-ia/ofa/petitions-resolved/denied.