El despojo de tierras indígenas pone en peligro la capacidad de las comunidades para mantener su cohesión social y política, practicar su cultura e imaginar un futuro seguro. La experiencia secular de las comunidades indígenas en las Américas señala cinco mecanismos de despojo territorial: (1) conquista forzosa durante la guerra y la colonización; (2) desplazamiento forzado por colonos y autoridades gubernamentales; (3) confinamiento en tierras específicas; (4) despojo legalizado mediante el uso de los tribunales; y (5) procesos burocráticos. En muchos casos, estas cinco formas de despojo se conectan entre sí o se refuerzan mutuamente. Incluso cuando resulta que la ley apoya a las comunidades indígenas—algo que rara vez sucede porque los derechos indígenas se suelen adjudicar en “el tribunal del conquistador”—los procesos legales y burocráticos a menudo se combinan para limitar la capacidad de los pueblos indígenas de hacer valer sus derechos y su condición. El genocidio, los asesinatos en masa y los desplazamientos forzados son los aspectos más visibles del despojo de tierras indígenas. En el caso de los Estados Unidos, el despojo legalizado a través de los tribunales también ha servido para limitar las reivindicaciones territoriales indígenas. Estos casos judiciales se tramitan en diversas instancias legales y a menudo carecen de una conexión clara con los derechos indígenas, enfocándose en asuntos jurídicos aparentemente mundanos, como títulos de propiedad o disputas contractuales. No obstante, se han empleado como medio habitual para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y propiedades.

Cuando los españoles establecieron por primera vez una presencia colonial permanente en Alta California hacia 1769, la legislación de la época ofrecía algunas protecciones limitadas a los pueblos indígenas que ya vivían allí.¹ Estas protecciones continuaron, en diversas formas, hasta que Estados Unidos adquirió California en 1848 en virtud del Tratado de Guadalupe Hidalgo tras la Guerra México-Estados Unidos. El Tratado supuso un cambio significativo en el reconocimiento y protección de las tierras ancestrales indígenas, dando lugar al despojo a gran escala de las comunidades indígenas en Estados Unidos.² Aunque el Tratado contenía disposiciones que pretendían salvaguardar los derechos de las personas indígenas que vivían en el recién creado estado de California, el resultado fue una discriminación racial generalizada y la expropiación de tierras, contrarias a su propósito.³ Al integrar California en la “política india” estadounidense, el gobierno de Estados Unidos inició una reorganización sistemática y legal de las comunidades indígenas que vivían dentro de sus fronteras, lo resultó en la confiscación de tierras y el desplazamiento de las comunidades indígenas en California. Así comenzó un patrón de uso indebido de la autoridad legal, ejemplificado por el caso Wilson vs. Castro, que dio lugar a sutiles actos de despojo legalizado.

El caso Wilson vs. Castro (31 Cal. 420, 423 (Cal. 1866)) representa un excelente ejemplo de la pérdida de tierras sufrida por los pueblos indígenas durante la transición del marco legal mexicano a la estadounidense tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1839, en virtud de la Ley General de Colonización de 1824, Antonio Buelna Jr. (un hombre no indígena) fue el destinatario de dos concesiones de tierras en Alta California: Rancho San Francisquito y Rancho San Gregorio.⁴ En estas concesiones de tierras vivía una comunidad indígena de habla tamien que había sobrevivido a la traumática experiencia sufrida por varios pueblos indígenas en la Misión de Santa Clara. Antonio Buelna Jr. murió sin dejar testamento en 1845, dejando a su viuda no indígena, María Concepción Encarnación Valencia, y a sus hermanos, pero sin descendencia directa. Surgió una disputa sobre quiénes eran sus herederos legítimos: su viuda o sus hermanos y sus descendientes.⁵ María Concepción Encarnación Valencia se quedó con las tierras y cedió una parte a otra persona, Salvador Castro, en 1849. En 1851, la ley estadounidense exigía a todos los reclamantes de tierras que solicitaran la titularidad de sus concesiones o perderían su propiedad.⁶ Tanto María Concepción Encarnación Valencia como Salvador Castro solicitaron las tierras al Gobierno de Estados Unidos en 1861, y a ambos se les concedió el título.⁷

Sin embargo, la legislación sucesoria de la época daba preferencia a las reclamaciones de los hermanos por encima de las de las viudas cuando no había un testamento válido. En 1866, los herederos de los hermanos de Antonio Buelna Jr. demandaron a Castro, entre otros, ante los tribunales del Estado de California. El Tribunal Supremo de California determinó que Castro era consciente de la posibilidad de que los hermanos de Buelna fueran los herederos legítimos.⁸ El Tribunal también evaluó si el terreno estaba en manos de María Concepción Encarnación Valencia y Salvador Castro bajo un “fideicomiso constructivo” (o “fideicomiso inferido”) en nombre de los hijos de los hermanos de Antonio Buelna Jr. Este tipo de fideicomiso es un mecanismo legal establecido por los tribunales para retener bienes en disputa.⁹ A pesar de una sentencia a favor de los herederos de los hermanos de Antonio Buelna Jr. e instrucciones a un tribunal inferior para evaluar las reclamaciones en consideración de un fideicomiso constructivo el tribunal inferior determinó en ultima instancia que la tierra pertenecía a María Concepción Encarnación Valencia.¹⁰ No hay constancia de que los herederos de los hermanos de Antonio Buelna Jr. recibieran tierras.

Finalmente, María Concepción Encarnación Valencia vendió el Rancho San Francisquito en perjuicio de los demás herederos de Antonio Buelna Jr. Este resultado es contrario a la legislación vigente de la época. Para entender por qué, el resultado del juicio Wilson debe considerarse en el contexto más amplio de la animadversión racial contra la propiedad indígena de tierras en la California del siglo XIX. Cuando se celebró el juicio en 1866, muchos de los descendientes de Buelna ya habían fallecido y sólo quedaban unos pocos herederos varones y mujeres que, según las leyes de sucesión vigentes, tenían pocas probabilidades de heredar las tierras. Lo más importante es que el caso Wilson fue considerado poco después de que el nieto de Antonio Buelna Jr. se casara con Fernanda Josefa Mathews, una mujer tamien. Cuando este matrimonio dio lugar al nacimiento de un hijo varón, se planteó la real posibilidad de que el Rancho San Francisquito pasara a ser propiedad de una persona indígena si se tenía en cuenta la cuestión de la herencia legítima y se cumplía con el derecho sucesorio. Wilson evitó esta posibilidad.

El resultado negó la herencia al hijo de Fernanda Josefa Mathews, pero también a los herederos de Antonio Buelna Jr., quienes se casarían con parejas indígenas. Es probable que los hermanos Buelna fueran discriminados por su matrimonio mixto con un antepasado tamien. Este despojo legalizado se sumó a otros esfuerzos realizados durante el mismo periodo para socavar los derechos de las comunidades indígenas en California. El estado había emprendido expediciones militares contra las comunidades indígenas a partir de la década de 1850, que fueron financiadas posteriormente por el Congreso de Estados Unidos.¹¹ La legislatura del Estado de California propuso y promulgó leyes que controlaban las tierras, las vidas y todos los aspectos de la subsistencia de los pueblos indígenas.¹² En virtud de estas leyes, se negaba a las personas indígenas el derecho a testificar ante los tribunales o a votar, silenciando efectivamente sus voces en asuntos jurídicos y políticos.¹³ Además, a cambio de un acceso limitado a sus territorios ancestrales, muchas personas indígenas se vieron sometidas a una forma de servidumbre obligada bajo terratenientes no indígenas que controlaban la tierra y la mano de obra de las comunidades indígenas que la habitaban.¹⁴ La legislación del Estado de California y juicios como el de Wilson contribuyeron a una pauta sistemática de abusos contra las comunidades indígenas en California.

La resolución del caso despojó a una parte de la familia Buelna de su derecho a un hogar ancestral, un legado que aún hoy resiente la Nación Tamien, una comunidad indígena en California que desciende de la comunidad indígena que antes vivía en el Rancho San Francisquito. Los herederos legales de Antonio Buelna Jr. (sus hermanos y sus descendientes directos) incluyen a los antepasados directos de los miembros actuales de la Nación Tamien. Desprovista de su hogar ancestral tras la resolución de Wilson, la comunidad de habla tamien se vio obligada a dispersarse por las montañas de Santa Cruz y los pueblos del centro de California. Los efectos de Wilson son, por tanto, acumulativos y refuerzan el despojo de la Nación Tamien de sus tierras ancestrales en el actual condado de Santa Clara, California. Además, Wilson también evidencia cómo se puede manipular el funcionamiento del sistema legal estadounidense para incumplir los acuerdos territoriales establecidos bajo la legislación española y mexicana, perjudicando a los Pueblos Indígenas.

El caso Wilson vs. Castro es solo un ejemplo en la larga historia del despojo de los Pueblos Indígenas en Alta California y en el resto de Estados Unidos. Dado que se centra en personas no indígenas y sus derechos sucesorios, no es evidente que este caso tuviera un impacto tan desproporcionado en una comunidad indígena determinada. Al tratarse de una forma menos explícita de despojo legalizado, podría fácilmente pasar desapercibido a los historiadores que buscan comprender la pérdida generalizada de tierras que sufrieron los pueblos indígenas durante el periodo inicial del dominio estadounidense en California. Aun así, es probable que este caso sea emblemático de otros casos judiciales de la época en los que la animadversión racial desempeñó un papel significativo en socavar los derechos indígenas de propiedad. El despojo que sufrieron los Buelna y sus herederos fue, probablemente, un destino compartido por muchas comunidades indígenas que intentaron reconstruir sus vidas en concesiones de tierras tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Wilson vs. Castro sirve como un duro recordatorio de que el despojo estructural de los pueblos indígenas a menudo se produce a través de transacciones legales rutinarias, como las relacionadas con el nacimiento, la muerte y la herencia, bajo la apariencia de procedimientos legítimos.

Referencias

An Act Concerning Crimes and Punishments 1850, Cal. Stat. 99.

Bigler, John. “Ltr. from Gov. John Bigler to Gen. E. Hitchcock, Commander of U.S. Troops in Cal. Apr. 8, 1852”. En The Other Californians: Prejudice and Discrimination Under Spain, Mexico, and the United States to 1920, coordinado por Robert F. Heizer y Alan F. Almquist, 207–9. Berkeley, CA: University of California Press, 1971.

Burgess, Larry E. “Commission to the Mission Indians 1891”. San Bernardino County Museum Association Quarterly 35, núm. 1 (1988): 2–47.

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“Plat of the Rancho San Francisquito, Finally Confirmed to Maria Concepcion Valencia de Rodriguez, California, 1866”. Calisphere, University of California. Consultado el 28 de marzo de 2024. https://calisphere.org/item/ark:/13030/hb709nb42x/.

The 1850 Act for the Government and Protection of Indians, Cal. Stat. 133.

Wilson v. Castro, 31 Cal. 420, 423 (Cal. 1866).

Wood, William. “The Trajectory of Indian Country in California: Rancherias, Villages, Pueblos, Missions, Ranchos, Reservations, Colonies, and Rancherias”. Tulsa Law Review 44, núm. 2 (2008): 317–64.

Lectura adicional:

Hinton, Leanne. “The Ohlone Languages.” En The Green Book of Language Revitalization in Practice, coordinado por Leanne Hinton y Kenneth Hale. San Diego: Academic Press, 2001.

Milliken, Randall, Laurence H. Shoup y Beverly R. Ortiz. “2009 - Ohlone/Costanoan Indians of the San Francisco Peninsula and their Neighbors, Yesterday and Today”. Government Documents and Publications, núm. 6 (2017). https://digitalcommons.csumb.edu/hornbeck_ind_1/6.

A desapropriação das terras indígenas coloca em perigo a capacidade das comunidades para manter sua coesão social e política, praticar sua cultura e imaginar um futuro seguro. A experiência centenária das comunidades indígenas de toda a América aponta para cinco mecanismos de desapropriação de terras: (1) conquista forçada durante a guerra e a colonização; (2) deslocamento forçado por parte dos colonos e das autoridades governamentais; (3) confinamento a terras específicas; (4) desapropriação legalizada mediante o uso dos tribunais; e (5) processos burocráticos. Em muitos casos, essas cinco formas de desapropriação se relacionam entre si ou se complementam. Mesmo quando se determina que a lei apoie as comunidades indígenas — algo pouco frequente, já que os direitos indígenas costumam ser julgados nos “tribunais do conquistador” —, os processos legais e burocráticos frequentemente se combinam para limitar a capacidade dos povos indígenas de fazer valer seus direitos e seu status. O genocídio, os assassinatos em massa e o deslocamento forçado recebem muita atenção quando se trata da desapropriação das terras indígenas. No caso dos Estados Unidos da América, a desapropriação legalizada através dos tribunais também serviu para limitar as reivindicações de títulos de propriedade dos nativos americanos sobre a terra. Esses casos judiciais são tramitados em diferentes instâncias legais e frequentemente carecem de uma conexão clara com os direitos dos nativos, concentrando-se em vez disso em assuntos legais aparentemente mundanos, como títulos de propriedade ou disputas contratuais. Não obstante, têm sido empregados como um meio habitual para desapropriar os nativos de suas terras e propriedades.

Quando os espanhóis estabeleceram pela primeira vez uma presença colonial permanente na Alta Califórnia por volta de 1769, a legislação da época oferecia algumas proteções limitadas aos povos indígenas que já viviam ali¹. Essas proteções continuaram, de diversas formas, até que os Estados Unidos adquiriram a Califórnia em 1848 em virtude do Tratado de Guadalupe Hidalgo após a guerra entre México e Estados Unidos. O Tratado representou uma mudança importante no reconhecimento e na proteção das terras nativas, o que daria origem a uma desapropriação em grande escala das tribos nativo-americanas². Embora o Tratado contivesse disposições destinadas a salvaguardar os direitos dos indígenas que viviam no recém-criado estado da Califórnia, acabou dando origem a uma discriminação generalizada e seletiva e à expropriação de terras, contrariamente ao seu propósito³. Ao integrar a Califórnia na política indígena dos Estados Unidos, o Governo estadunidense iniciou uma reorganização sistemática e legal das tribos nativo-americanas, que representou a confiscação de terras e o deslocamento das comunidades nativas dentro da Califórnia. Assim começou um padrão de abuso da autoridade legal, exemplificado pelo caso Wilson contra Castro, que deu origem a sutis atos de desapropriação legalizada.

O caso Wilson contra Castro (31 Cal. 420, 423 (Cal. 1866)) representa um exemplo paradigmático da perda de terras indígenas durante a transição da legislação mexicana para a estadunidense após o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Em 1839, Antonio Buelna Jr., um não indígena, recebeu as concessões de terras do Rancho San Francisquito e do Rancho San Gregorio na Alta Califórnia em virtude da Lei de Colonização Mexicana de 1824⁴. Uma comunidade indígena de fala tamien que havia sobrevivido à traumática experiência da Missão de Santa Clara vivia nessas concessões de terras. Antonio Buelna Jr. morreu sem testamento em 1845, deixando sua viúva não indígena, María Concepción Encarnación Valencia, e seus irmãos, mas sem descendentes diretos. Surgiu uma disputa sobre seus herdeiros legítimos: sua viúva ou seus irmãos e seus descendentes⁵. María Concepción Encarnación Valencia conservou as terras e cedeu uma parte a outra pessoa, Salvador Castro, em 1849. Em 1851, a legislação estadunidense exigia de todos os reclamantes de terras que solicitassem a posse de suas concessões territoriais ou se arriscassem a perder suas propriedades⁶. Tanto María Concepción Encarnación Valencia como Salvador Castro solicitaram ao Governo dos Estados Unidos a propriedade das terras em 1861, e ambos obtiveram finalmente o título de propriedade.

No entanto, a lei de sucessões da época dava prioridade às reivindicações dos irmãos sobre as das viúvas nos casos em que não existia um testamento válido. Em 1866, os herdeiros dos irmãos de Antonio Buelna Jr. processaram Castro, entre outros, nos tribunais do estado da Califórnia. A Suprema Corte da Califórnia determinou que Salvador Castro conhecia a possível condição de herdeiros legítimos dos irmãos⁷. O Tribunal também avaliou se os terrenos eram propriedade de María Concepción Encarnación Valencia e Salvador Castro para os filhos dos irmãos de Antonio Buelna Jr. em um “fideicomisso construtivo”, que é estabelecido pelos tribunais para reter os bens quando o tribunal determina que uma parte não pode conservar a propriedade cuja titularidade é objeto de disputa⁸ Apesar de decidir a favor dos herdeiros dos irmãos de Antonio Buelna Jr. e de dar instruções a um tribunal inferior para que avaliasse as reivindicações com vistas a um fideicomisso construtivo, o tribunal inferior determinou que a terra pertencia a María Concepción Encarnación Valencia⁹. Não há evidências de que os herdeiros dos irmãos de Antonio Buelna Jr. receberam qualquer terra.

Por fim, María Concepción Encarnación Valencia vendeu o Rancho San Francisquito em detrimento dos demais herdeiros de Antonio Buelna Jr. Esse resultado é contrário à legislação vigente naquela época. Para compreender o porquê, o resultado do caso Wilson deve ser considerado no contexto de uma animosidade racial e preconceitos em relação à propriedade de terras por parte dos nativos americanos na Califórnia do século XIX. Muitos descendentes de Buelna haviam falecido perto da data do julgamento, em 1866, deixando poucos herdeiros, homens ou mulheres, que, segundo as leis de sucessão vigentes, tinham poucas possibilidades de herdar terras. É importante destacar que o caso Wilson foi considerado pouco depois de o neto de Antonio Buelna Jr. se casar com Fernanda Josefa Mathews, uma mulher tamien. Quando esse matrimônio deu origem ao nascimento de um filho, surgiu a possibilidade real de que o Rancho San Francisquito passasse a ser propriedade de um indígena americano se fosse considerada a herança adequada e se seguisse a lei de sucessão. Wilson impediu essa possibilidade.

O resultado foi a negação da herança ao filho de Fernanda Josefa Mathews, mas também aos herdeiros de Antonio Buelna Jr. que se casassem com nativos americanos. É provável que os irmãos Buelna tenham sido discriminados por seu casamento com um ancestral tamien. Essa desapropriação legalizada se alinhou com outros esforços realizados durante o mesmo período para minar os direitos das comunidades nativas da Califórnia. O estado havia empreendido expedições militares contra as comunidades nativas a partir da década de 1850, que posteriormente foram financiadas pelo Congresso dos Estados Unidos¹⁰. A legislatura do estado da Califórnia propôs e promulgou leis que controlavam as terras, as vidas e todos os aspectos do sustento dos nativos¹¹. Em virtude dessas leis, negava-se aos nativos o direito de testemunhar nos tribunais ou de votar, o que silenciava efetivamente suas vozes em assuntos legais e políticos¹². Além disso, em troca de um acesso limitado aos seus territórios ancestrais, muitos indígenas se viram obrigados a uma forma de servidão por contrato com proprietários não indígenas que controlavam as terras indígenas e a mão de obra das comunidades indígenas que as habitavam¹³. A legislação do estado da Califórnia e casos como o de Wilson contribuíram para um padrão sistemático de abusos em relação às tribos nativo-americanas.

A conclusão do caso resultou em que toda uma parte da família Buelna perdesse o direito a ter um lar ancestral, um efeito que ainda hoje sentem os membros da nação Tamien, uma tribo indígena americana da Califórnia que descende da comunidade indígena que uma vez viveu no Rancho San Francisquito. Os herdeiros legais de Antonio Buelna Jr. (seus irmãos e seus descendentes diretos) incluem os ancestrais diretos dos atuais membros da nação Tamien. Após o caso Wilson, e sem um lugar ao qual chamar de lar, a comunidade de língua tamien se dispersou e acabou se deslocando às montanhas de Santa Cruz e a povoados do centro da Califórnia. Portanto, os efeitos do caso Wilson são acumulativos e reforçam a desapropriação da nação Tamien de suas terras ancestrais no atual condado de Santa Clara, Califórnia. Além disso, Wilson também demonstra como se pode manipular o funcionamento do sistema legal estadunidense para evitar o cumprimento dos acordos territoriais estabelecidos pela legislação espanhola e mexicana, em detrimento dos povos indígenas.

O caso Wilson contra Castro é apenas um exemplo da longa história de desapropriação dos nativos americanos na Alta Califórnia e no resto dos Estados Unidos. Dado que trata dos não nativos e seus direitos de herança, não é de modo algum óbvio que esse caso tivesse um impacto tão desproporcional em uma única comunidade nativo-americana. Ao se tratar de uma forma menos evidente de desapropriação legalizada, poderia passar facilmente despercebido para os historiadores que tentam compreender a perda generalizada de terras que sofreram os nativos americanos na Califórnia durante os primeiros anos da época estadunidense. No entanto, esse caso é provavelmente emblemático de outros casos judiciais da época nos quais a animosidade racial desempenhou um papel importante no enfraquecimento dos direitos de propriedade dos nativos americanos. A desapropriação que enfrentaram os Buelnas e seus herdeiros foi provavelmente um destino compartilhado por muitas comunidades indígenas que tentaram reconstruir suas vidas nas concessões de terras após o Tratado de Guadalupe Hidalgo. O caso Wilson contra Castro serve como um claro lembrete de que a desapropriação estrutural dos povos indígenas frequentemente ocorre através de transações legais rotineiras, como as relacionadas ao nascimento, à morte e à herança, sob a aparência de procedimentos legais.

Referências

Ley sobre delitos y castigos de 1850, Cal. Stat. 99.

Bigler, John. «Carta del gobernador John Bigler al general E. Hitchcock, comandante de las tropas estadounidenses en California, 8 de abril de 1852». En The Other Californians: Prejudice and Discrimination Under Spain, Mexico, and the United States to 1920, editado por Robert F. Heizer y Alan F. Almquist, 207-9. Berkeley, California: University of California Press, 1971.

Burgess, Larry E. «Comisión para los indios de las misiones, 1891». San Bernardino County Museum Association Quarterly 35, n.º 1 (1988): 2-47.

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«Fideicomiso constructivo». Instituto de Información Jurídica. Consultado el 28 de marzo de 2024. https://www.law.cornell.edu/wex/constructive_trust.

«Documentos relativos a la adjudicación de reclamaciones de tierras privadas en California, 1857». Universidad de California, Berkeley. Consultado el 28 de marzo de 2024. https://digicoll.lib.berkeley.edu/record/265450?v=pdf.

Ley de Apropiación Indígena, Pub. L. No. 31-14, 31 Stat. 151.

«Plano del Rancho San Francisquito, finalmente confirmado a María Concepción Valencia de Rodríguez, California, 1866». Calisphere, Universidad de California. Consultado el 28 de marzo de 2024. https://calisphere.org/item/ark:/13030/hb709nb42x/.

Ley de 1850 para el Gobierno y la Protección de los Indios, Cal. Stat. 133.

Wilson contra Castro, 31 Cal. 420, 423 (Cal. 1866).

Wood, William. «La trayectoria de los territorios indígenas en California: rancherías, aldeas, pueblos, misiones, ranchos, reservas, colonias y rancherías». Tulsa Law Review 44, n.º 2 (2008): 317-64.

Leituras Adicionais:

Hinton, Leanne. «Las lenguas ohlone». En The Green Book of Language Revitalization in Practice, editado por Leanne Hinton y Kenneth Hale. San Diego: Academic Press, 2001.

Milliken, Randall, Laurence H. Shoup y Beverly R. Ortiz. «2009 - Los indios ohlone/costanoan de la península de San Francisco y sus vecinos, ayer y hoy». Documentos y publicaciones gubernamentales, n.º 6 (2017). https://digitalcommons.csumb.edu/hornbeck_ind_1/6.

ranchos, reservas, colonias y rancherías”, Tulsa Law Review 44, n.º 2 (2008): 317-364.

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https://www.law.cornell.edu/wex/constructive_trust.

Valencia de Rodríguez, California, 1866”, Calisphere, Universidad de California, consultado el 28 de marzo de

2024. https://calisphere.org/item/ark:/13030/hb709nb42x/.

general E. Hitchcock, comandante de las tropas estadounidenses en California, 8 de abril de 1852”, en The Other

Californians: Prejudice and Discrimination Under Spain, Mexico, and the United States to 1920 (Los otros

californianos: prejuicios y discriminación bajo España, México y Estados Unidos hasta 1920), ed. Robert F. Heizer

y Alan F. Almquist (Berkeley, California: University of California Press, 1971), 207-9.

delitos y castigos de 1850, Cal. Stat. 99.